El juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento domiciliaria al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, imputado por cinco delitos.

Ortiz consideró inicialmente que sí existía inferencia razonable por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, pero no por tráfico de influencia de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

El togado justificó la medida asegurando que no hay peligro de que Nicolás Petro tenga la intención, o haya intentado obstruir a la justicia o que haya un peligro de fuga.

En desarrollo de la audiencia, el juez 14 de control de garantías que Nicolás, a pesar de los tres años en líos judiciales, no ha salido del país, a pesar de ser hijo del Jefe de Estado.

La Fiscalía señaló en la audiencia de formulación de imputación que Nicolás Petro presuntamente junto con Daysuris Vásquez, su expareja, se habrían apropiado de recursos que salieron de las arcas de la Gobernación del Atlántico hacia la Fundación Conciencia Social (Fucoso), donde al parecer Petro Burgos tendría influencia, y se desvió el 50% de los dineros que fueron a parar a manos de el exdiputado, de su expareja y del representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.

El dinero de la Gobernación a la mencionada fundación sería de 400 millones de pesos para capacitaciones y atención de personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se usaron 200 millones para tal propósito y los otros 200 se los habría quedado Petro Burgos con su expareja y las demás personas que presuntamente participaron en el hecho. 

Además, según el ente acusador, habría falsificado documentos para la declaración de renta ante la Dian. 

Este proceso va  paralelo al que está en otro despacho judicial por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos  en la época en que su papá era candidato presidencial.